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Cerca de un millón de firmas recolectadas en todo el territorio boliviano, en el marco de la campaña de defensa por la libertad de expresión, fueron entregadas a la Vicepresidencia del Estado, como una iniciativa ciudadana que deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa, según mandato constitucional. Los prematuros rechazos de legisladores oficialistas fueron calificados como faltas e incumplimiento de deberes, según representantes de los medios de comunicación. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, sostuvo que la iniciativa ciudadana se enmarca en la Constitución Política del Estado, en los artículos 11 y 109, por lo que la observación de carencia de reglamentación es una responsabilidad inherente a los legisladores. En tanto, el fiscal de la APLP, Antonio Vargas, expresó que “vamos a recurrir a todas las instancias y veremos la respuesta de la Asamblea Legislativa, la próxima jugada es de la Asamblea”. Información publicada en El Diario (Bolivia).