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La Contraloría General de la República admite que el secretismo que impera en las instituciones oficiales atenta contra la democracia participativa y protagónica. En una carta enviada el 14 de julio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, con sus observaciones sobre el proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social, el contralor Clodosbaldo Russián reconoce: “Uno de los grandes obstáculos que enfrenta la participación ciudadana en nuestro país es la resistencia por partes de las autoridades a otorgar la información que requiere el ciudadano para hacer efectivo su derecho a participar en el control de la gestión pública”. Russián destaca que “esta problemática es de suma gravedad, toda vez que hace nugatorio el derecho a la participación y amenaza la construcción del nuevo modelo de Estado”. Por esa razón, el contralor propone que la Ley Orgánica de Contraloría Social imponga multas o “sancione con censura” a los funcionarios que no den “oportuna y adecuada respuesta” a los planteamientos de la gente. Información publicada en diario El Universal (Venezuela).