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La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), que agrupa a todos los canales privados abiertos, pidió que se declare la inconstitucionalidad de 40 artículos de la ley de medios. Hace una semana, la Corte Suprema confirmó que el artículo 161 de la ley 26.522, que estableció un plazo de un año para que las empresas de comunicación vendan muchos de sus canales y señales, no se aplica al Grupo Clarín, porque está suspendido. El grupo Vila impulsa una demanda similar. Sin embargo, una nueva presentación pone de relieve que la ley 26.522 busca producir un efecto que excede en mucho al Grupo Clarín o al grupo Vila: la demanda, firmada por Carlos Molinero, presidente de ATA, y el constitucionalista Gregorio Badeni, sostiene que la ley “pretende asfixiar económica y financieramente a todos los medios privados, para hacerlos inviables, y los coloca en una situación de desventaja frente al nuevo sistema de medios públicos”. Información publicada en diario La Nación y Perfil (Argentina).