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El legislador ecuatoriano Fausto Cobo (Partido Sociedad Patriótica) aseguró que la Ley de Comunicación será tratada el próximo año y sostuvo que desde el inicio el Gobierno “ha buscado intimidar y descalificar”, señalando como objetivo político “el ataque a los medios de comunicación privados”. El trámite del proyecto de ley quedó en suspenso después de que la relatora para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Human Rights Watch expresaran preocupación por su contenido. Además, después de la revuelta policial del 30 de septiembre (30-S) la presión del gobierno ecuatoriano sobre los medios de comunicación aumentó, según el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el país. La Unión Nacional de Periodistas (UNP) condenó el 3 de octubre, mediante un comunicado de prensa, las limitaciones impuestas a los medios de comunicación y a los periodistas “obligándolos a plegarse a una cadena nacional indefinida e ininterrumpida” donde “la información independiente y plural fue reemplazada por una visión única”. Información publicada en el diario La Hora (Ecuador).