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Representantes de periodistas y del Gobierno de Bolivia se enfrentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) al exponer sus versiones sobre recientes leyes que afectan a la libertad de expresión en el país.
Ambas legislaciones (art. 16 y 23) son, en opinión del fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, una “arquitectura jurídica restrictiva” y una forma de pedir “auto censura a los medios” y “amordazar a la opinión pública”. Según dijo en una exposición cargada de tensión y acusaciones, la ley contra el racismo ‘criminaliza’ el trabajo periodístico e “introduce la figura del censor”. Vargas comparó la relación actual entre periodistas y Gobierno con la de un “matrimonio mal avenido”, en que los primeros se han convertido en ‘enemigos’ del segundo por destapar sus casos de corrupción. Por su parte, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, se hizo presente en la Comisión Internacional como contraparte para defender la posición gubernamental, señalando que en el país existe libertad de expresión y que son derechos que se respetan en la labor diaria de los periodistas, pese a haberse aprobado varias leyes que coartan estos preceptos. Marcha de periodistas llegó a La Paz. Información publicada en diarios El Mundo y El Diario (Bolivia).