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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció que no cederá ante el pedido de las encuestadoras para rectificar la decisión de obligarlas a registrar el nombre, DNI y direcciones de los encuestados. Greta Minaya, magistrada del organismo, aseguró que la decisión de ese organismo electoral se ajusta a la ley, aunque el argumento es cuestionado por las encuestadoras y expertos en derecho constitucional advierten que la disposición viola derechos constitucionales de los ciudadanos. Enrique Bernales, constitucionalista, explicó que la decisión del JNE afecta la potestad que toda persona tiene a mantener el carácter secreto de su voto, consagrado en el artículo 2, inciso 18 de la Constitución, que garantiza el derecho de mantener reserva de las convicciones políticas. “Si se le entrega al JNE la relación de las personas donde se indica por quién van a votar, ¿dónde queda la garantía del secreto del voto? Terminará convirtiéndose en un voto a gritos”, comentó. Por ello considera que la decisión del JNE equivale en la práctica a una ley para liquidar las encuestas, porque si bien no las están prohibiendo, se imposibilita la fase del trabajo de campo, fundamental en la labor de las encuestadoras. “La medida es absurda, en el mundo entero un trabajo estadístico no se puede hacer identificando a las personas, no tiene pies ni cabeza”, agregó. Información publicada en el diario La República (Perú).