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La iniciativa legislativa ciudadana expresada con la recolección de firmas en todo el país, establecida en el Art. 162 de la Constitución Política del Estado (CPE), para anular los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo logra un apoyo masivo y pacífico de la ciudadanía. La acción fue respaldada por la población. En Santa Cruz ya llegaron a más de 100 mil firmas, en La Paz se distribuyeron ocho libros y otras ciudades también se suman a esta lucha; empero, el Gobierno, a través del viceministro Wilfredo Chávez, sostiene que la medida no tiene asidero constitucional. Por otro lado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz y las federaciones sindicales de todo el país, excepto La Paz, decidieron no asistir a la Comisión de Reglamentación, por considerar que la libertad de expresión “no se negocia, se la ejerce”.Mediante una carta al Gobierno, la SIP exige no atentar al derecho del público a la información. “En nombre de más de 1.300 publicaciones de las Américas que integran la Sociedad Interamericana de Prensa, queremos exhortarle a que revierta los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, por considerar que se atenta contra el derecho del público a la información. Información publicada en periódico El Diario (Bolivia).