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22 países de la Unión Europea suscribieron a fines de enero el Acuerdo General Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Este acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo. Sin embargo, los gobiernos de República Checa y Polonia han adelantado que paralizarán el proceso de ratificación en sus respectivos países hasta poder analizar más detalladamente el impacto de este acuerdo contra la falsificación y la piratería sobre el acceso a la libre información. En ambos países se han producido manifestaciones contra el citado acuerdo comercial. Donald Tusk, el primer ministro polaco, ha declarado que la ratificación se producirá cuando se aclaren todos los interrogantes que han surgido en torno a esta normativa y ha admitido el error de haber suscrito este acuerdo sin someterlo a un debate público previo.